Hacienda abre la puerta a cesar a los funcionarios que no cumplan objetivos y se echa encima a los sindicatos

El desarrollo de un punto que ya se preveía en el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 y que ya entonces provocó una gran polvareda, como es la posibilidad de cesar en su puesto a los funcionarios que no tengan un adecuado desempeño de sus funciones, ha abierto una grieta entre el Ministerio de Hacienda y dos de los sindicatos mayoritarios de Función Pública (CC.OO. y UGT), en un momento en que el departamento que dirige María Jesús Montero necesita más que nunca su apoyo para sacar adelante una de las reformas comprometidas con Bruselas: la aprobación de la Ley de Función Pública. En una comparecencia conjunta, los portavoces para la Administración General del Estado de CC.OO. y UGT han calificado de «gravísimo» que el Gobierno pretenda utilizar la norma para regular el cese de funcionarios de puestos que han ganado por concurso a partir de un simple informe de evaluación de desempeño sin criterios conocidos y de escasa transparencia, a su modo de ver. Un comunicado emitido por ambas centrales sindicales cuestiona que se pueda relevar de su cargo a un funcionario a partir de una evaluación que «se plantea como algo irrefutable» y en la que, «la persona no tiene defensa en vía administrativa contra una evaluación negativa de la superioridad». Los sindicatos han advertido al Gobierno de que plantarán cara a la norma si el asunto no se regula con mayor y más transparencia. MÁS INFORMACIÓN Hacienda solo exigirá un examen tipo test a los funcionarios para ascender en la Administración La subida salarial de los funcionarios: hasta 200 euros más al mes El anteproyecto de Ley de Función Pública, aprobado ayer en primera lectura por el Consejo de Ministros, hace gravitar en buena medida la modernización de la Administración Pública en la evaluación del desempeño, que regula para que sea clave tanto para las retribuciones a percibir como para la promoción interna en la Administración e incluso para la prolongación de la vida activa en el ámbito de la Administración del Estado.
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