La nueva política agraria europea, el sudoku que no seduce a agricultores y ganaderos

Hay un día señalado en el calendario de los agricultores y ganaderos españoles, el próximo 1 de enero, en el que entrará en vigor la nueva P olítica Agraria Común (PAC) 2021-2027 que supondrá una inyección de 47.224 millones de euros para el campo español (que puede superar los 50.000 millones, si sumamos la aportación de comunidades autónomas y el Estado) y que para los productores primarios representará una mayor exigencia verde. Sin embargo, a pesar de que en esta ocasión los Estados han podido elaborar su propio plan estratégico (España recibió el aval de la Comisión Europa al suyo el pasado mes de agosto) los recelos, con mayor o menor intensidad, se mantienen entre las principales organizaciones agrarias ( Asaja, COAG y UPA ). Tampoco seduce mucho la nueva PAC entre la oposición. La portavoz popular en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, Milagros Marcos, cree que hay «unos 5.000 millones de euros menos de financiación» que en anteriores PAC y critica que la reforma del delito de sedición haya diferido, hasta mediados de este mes, la aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados del la ley de la PAC. Por su parte, las principales organizaciones agrarias, no cuestionan las metas medioambientales aunque sí los medios escogidos para lograrlo. Todo ello en un contexto de costes de producción disparados por la inflación. Entre los más críticos, Juan José Álvarez, director general de Asaja, cuya organización se concentró la semana pasada ante la Representación de la Comisión Europea en Madrid. El representante de Asaja no duda en hablar de «ninguneo» y rechaza que solo se les ofreciera intervenir cinco minutos en una mesa de debate dentro de la jornada sobre la PAC organizada por esta institución. «Se trata de una PAC sin agricultores, de un metaverso del campo. Tampoco han contado con nosotros para el plan estratégico, que somos los principales protagonistas», critica Álvarez quien reconoce que a esta organización agraria lo que entrará en vigor en enero «no les gusta». El Ministerio de Agricultura viene insistiendo durante todo el proceso en que para la elaboración del Plan Estratégico sí han contado con los diferentes actores del sector y el acuerdo unánime de la autonomías, que aseguran, se logró en el seno de la Conferencia Sectorial de Agricultura. Algo que han venido poniendo en duda desde algunas comunidades gobernadas por los populares como Castilla y León. También se viene mencionando, desde Agricultura, además de las más de 300 reuniones que aseguran haber mantenido con diferentes actores del sector, el proceso de información pública (con mil aportaciones), finalizado en febrero de este año y, no exento de polémica, porque el borrador del plan se había remitido antes del 31 de diciembre de 2021 a Bruselas. Desde COAG han venido mostrando su temor de que el grueso de las ayudas no lleguen al agricultor profesional, aquel que tiene la misma como su principal actividad económica, y han puesto el acento en delimitar claramente al denominado 'agricultor activo'. Es decir, el receptor de las ayudas. Mientras, desde UPA, se han mostrado favorables a aspectos como la lucha contra la brecha de género (una de las novedades de esta nueva PAC), el refuerzo de los apoyos al relevo generacional y el denominado 'capping' o techo de las ayudas básicas por beneficiario y año a un máximo 100.000 euros, con una reducción progresiva cuando se superen los 60.000 euros. Pero la principal piedra de toque es la aplicación de los denominados 'ecoesquemas', el núcleo duro de la nueva condicionalidad verde y cuyo objetivo es remunerar a los agricultores que ponga en marcha prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Todas estas van a suponer el 23% del total de las ayudas directas. Esto es unos 1.100 millones de euros anuales. Para España se han identificado 7 prácticas: pastoreo extensivo, agricultura de conservación (siembra directa), cubiertas vegetales espontáneas, cubiertas vegetales inertes en cultivos leñosos , siega sostenible e islas de biodiversidad, rotaciones en tierras de cultivo con especies mejorantes y espacios de biodiversidad en tierras de cultivo. Sin embargo, en una misma hectárea solo se podrá desarrollar (computar) una de ellas. Desde Analistas Económicos de Andalucía (Unicaja Banco) se estima que entre el 70 y 80% de la superficie agrícola se pueda acoger a alguna. Noticia Relacionada estandar No La nueva Política Agraria Común (PAC) no convence: decenas de agricultores se concentran en la 'embajada' de la Comisión Europea en Madrid Carlos Manso Chicote Asaja convoca una nueva concentración ante la sede del Ministerio de Transición Ecológica el martes y, próximamente, en el de Agricultura. Además abre la puerta a salir a las carreteras. «Los ecorregímenes son de difícil aplicación, l o que va a mermar los ingresos de agricultores y ganaderos. Además tenían que haber incrementado mucho más el presupuesto», lamenta Álvarez (Asaja) quien cree que toda esta condicionalidad les obligará a reducir producción, en un momento en que la soberanía alimentaria cobra especial relevancia. Alonso (PP) coincide en que «para poder cumplir los ecorregímenes van a tener generar menor producción o hacer unas inversiones superiores al 23% de las ayudas que representan y no compensa». Paso libre a la sedición Para el despliegue de la nueva PAC el Gobierno debe dar luz verde a 18 reales decretos, así como de la ley que regulará el sistema de ayudas. El aval definitivo del Congreso tendrá lugar sobre la campana, a mediados de este mes, tras dársele prioridad a la reforma del delito de sedición. «La PAC al servicio de los independentistas» , lamenta Marcos. En paralelo, el Consejo de Ministros está dando luz verde a estas normas. Por ejemplo, el pasado martes, aprobó el real decreto con las norma sanitaria para el transporte de animales.
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