La Generalitat aspira a cambiar el reparto del IVA en la financiación autonómica en busca de una tajada millonaria

Mientras se resuelve la gigantesca incógnita de cómo encajar en el marco constitucional vigente esa especie de cupo catalán que PSC y ERC se han marcado como objetivo a medio plazo para desarrollar un sistema de financiación singular para Cataluña, el recién estrenado gobierno de Salvador Illa al frente de la Generalitat se ha comprometido a negociar con el Gobierno Central un puñado de modificaciones urgentes en el sistema de financiación actual para mejorar los recursos que la comunidad autónoma recibe del mismo a la altura de 2025 a más tardar. Entre ellas, aparece la reforma del sistema de reparto de los recursos del IVA , al menos de los que ingresan en la Hacienda Pública las pequeñas y medianas empresas del tejido productivo catalán, de modo que se sustituya el actual sistema de distribución en función de las cifras de consumo que elabora el INE por uno nuevo basado en el domicilio de la empresa que realiza el ingreso. Es decir, que las autonomías se queden con el IVA que ingresan sus empresas y no con el que les corresponde por el consumo realizado en su territorio. El texto del acuerdo lo formula así: «Atribución de la recaudación del IVA de las pymes en función de su domicilio en lugar de la estadística de consumo , y análisis de la extensión de este mecanismo a otros tributos». En el ejercicio de 2019 la comunidad autónoma de Cataluña ingresó 7.109 millones de euros por la parte que según el sistema de financiación autonómica le correspondía de la recaudación total del IVA. La distribución entre las autonomías del 50% de los ingresos totales obtenidos del impuesto que prevé el sistema de financiación se realiza a partir de un indicador elaborado por el INE , denominado Indicador de Consumo Final, que se construye a partir del gasto en consumo final de los hogares que se produce en cada territorio, los consumos intermedios y las inversiones que realizan las administraciones públicas y los contribuyentes exentos, las transferencias sociales que hace el sector público y las inversiones de capital en viviendas de nueva construcción. El agregado de estas magnitudes, ponderado según su peso en el consumo real del año en cuestión, da como resultado un índice, que en el caso de Cataluña en ese ejercicio fue del 19,87%, que determina la parte de los recursos totales de IVA que gestiona el sistema de financiación que le corresponde a cada comunidad autónoma. Ese mismo año, las empresas domiciliadas en Cataluña (grandes y pequeñas, porque las estadísticas de la Agencia Tributaria no hacen distinción por territorios) ingresaron en las arcas de Hacienda el 21,85% de las cuotas totales de IVA pagadas en el ejercicio; y una vez aplicadas las deducciones correspondientes el resultado final del impuesto correspondiente a empresas domiciliadas en el territorio supuso el 21,38% del total. De haberse aplicado por tanto sin ningún tipo de ajuste ese criterio en función de la residencia de las empresas que reivindica el acuerdo alcanzado entre PSC y ERC los ingresos por IVA que le habrían correspondido a Cataluña en ese ejercicio se habrían incrementado hasta los 7.649 millones de euros (540 millones más), si el reparto se hiciera en función del resultado final del impuesto: o hasta los 7.817 millones (708 millones más), de seguir el criterio de las cuotas totales ingresadas (ver gráfico). El acuerdo entre PSC y ERC no afina el modelo técnico que defenderá la Generalitat para cambiar el criterio de distribución del IVA y lo limita además a las pymes que ingresan algo menos del 50% del IVA total que se recauda (si se tienen en cuenta las compañías que facturan menos de 60 millones de euros al año), pero esas grandes cifras permiten aproximar la ventaja potencial que para las arcas catalanas hubiera significado ese cambio de modelo de haberse aplicado entonces. «Parece un planteamiento inspirado en los modelos forales», explica Diego Martínez , catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide, investigador de Fedea y uno de los más reputados expertos en financiación autonómica. «En ellos se parte, en efecto, del IVA que ingresan las empresas domiciliadas en el territorio, pero luego esa recaudación directa se corrige en función de una serie de datos de consumo para determinar los recursos finales que le corresponden a cada hacienda foral por el impuesto». La fórmula de cálculo es compleja y según este experto hace complicado estimar el potencial efecto en forma de nuevos ingresos que supondría para Cataluña la instauración de un sistema similar. El análisis comparado de los ingresos reales por IVA que ha obtenido Cataluña del sistema de financiación entre 2012 y 2022 (último ejercicio liquidado) y los que habría obtenido de haberse aplicado sin ningún tipo de ajuste el criterio de ingresos realizados por empresas domiciliadas en el territorio, a partir de los datos publicados por la Agencia Tributaria, revela que la mejora de ingresos para Cataluña habría sido sustancial y se cuenta en cientos de millones de euros como se puede apreciar en el gráfico que ilustra la página. El análisis muestra también que esa clara ventaja que para las arcas catalanas tendría la instauración de un esquema de distribución de los recursos de IVA más basado en las cuotas que se pagan en cada territorio que en los parámetros de consumo detectados en cada autonomía se ha ido diluyendo en los últimos años hasta el punto de desaparecer por completo. En los dos últimos ejercicios liquidados del sistema de financiación autonómica, Cataluña habría resultado más beneficiada con el sistema actual que con el reparto de IVA que habría resultado de haber tomado el resultado final ingresado por las empresas catalanas. Sí habría mejorado sus ingresos si solo se tuvieran en cuenta las cuotas ingresadas inicialmente por las empresas, pero ese esquema obvia la devoluciones. Hay que tener en cuenta que Cataluña tiene un red de empresas de pequeño y mediano tamaño más tupida que otras comunidades autónomas y es probable que esa demografía empresarial le garantizara una cierta ventaja por la aplicación de ese sistema que la Generalitat se ha comprometido a negociar con el Gobierno Central. Una de las principales contraindicaciones potenciales del establecimiento de un sistema de esa naturaleza con carácter general sería el impacto que podría tener sobre el carácter redistributivo del sistema de financiación. El esquema actual de reparto del IVA transfiere el 40% de los fondos totales de esa bolsa constituida con la mitad de los ingresos del impuesto que acaba en el sistema de financiación autonómica a Cataluña y la Comunidad de Madrid, las dos regiones más dinámicas de los territorios de régimen común. Según los datos de IVA recaudado en las diferentes delegaciones especiales regionales de la Agencia Tributaria, que anualmente proporciona el organismo, en esas dos comunidades se ingresan el 63% de las cuotas del impuesto y suponen el 80% del resultado final del mismo. Bajo un sistema de distribución de la recaudación del IVA asociado el domicilio de la empresa que ingresa el impuesto, los 24.520 millones de euros que reciben las arcas del resto de las comunidades autónomas de régimen común quedarían reducidos a 15.159 millones , si el criterio de reparto fueran las cuotas ingresadas por las empresas; y a solo 8.259 millones, si el criterio fuera la recaudación final del impuesto. El debate político en torno a la financiación catalana continúa mientras tanto y ayer el portavoz económico del PP, Juan Bravo, acusó de nuevo a Sánchez de «dejar vendidas» al resto de territorios para asegurar a Illa la Generalitat.
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