El Gobierno ofrece 466 millones más para la renovación del concierto de Muface

El Gobierno ha puesto sobre la mesa 466 millones de euros más en los próximos dos años para tratar de convencer a las aseguradoras de salud privadas de que renueven los conciertos de Muface e Isfas y continúen haciéndose cargo de la asistencia sanitaria del millón de funcionarios civiles y militares del Estado que aún se decantan por el paraguas del mutualismo administrativo -para un total de 1,5 millones de beneficiarios si se agrega a los familiares que tienen derecho a cobertura-. La oferta planteada por el Gobierno, a la que ha tenido acceso ABC, mejora en un 14,5% la asignación presupuestaria que se reconoce en la actualidad a Adeslas , Asisa y DKV en virtud del concierto vigente de Muface, que ha abarcado el trienio 2022-2024, y en un 11% la retribución asociada al concierto de Isfas, que da cobertura al personal militar. La mejora conjunta planteada desde el Ejecutivo supone una mejora anual media de 233 millones de euros para el nuevo concierto bianual, 2025 y 2026 , y pretende colmar las aspiraciones de las aseguradoras, que llevan meses denunciando la insuficiencia de la asignación presupuestaria actual, que a su juicio no permite cubrir el coste de la cobertura sanitaria este colectivo. Según la documentación a la que ha tenido acceso ABC, el desglose de cifras que se recoge en la propuesta de acuerdo marco para la celebración de sendos conciertos con las entidades aseguradoras prevé una dotación económica para los próximos dos años de 2.726 millones de euros en el caso de Muface (una media de 1.363 millones anuales) y de 1.201 millones en el caso de Isfas (600 millones por año). La oferta mejora de manera sustancial las cuantías previstas en el anterior acuerdo, que se firmó por un periodo de tres años con una dotación de 3.571 millones en el caso Muface, a razón de 1.190 millones de euros anuales de media; y de 1.620 millones para Isfas (540 millones anuales). La propuesta del Gobierno para definir las bases del futuro concurso al que tendrían que concurrir las aseguradoras para optar a prestar este servicio también mejora la prima fija mensual que se ofrece por la atención sanitaria de cada mutualista en un 17,1% , pasando de la horquilla de entre 64,66 y 112,08 euros según la cohorte de edad que se ha abonado en 2024, a una de entre 75,73 a 131,26 euros que se abonaría en el año 2026. Las cifras puestas sobre la mesa por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública no han terminado de convencer a los negociadores de las aseguradoras que hasta la fecha están ofreciendo esta asistencia sanitaria a los funcionarios -Adeslas, Asisa y DKV- , que el pasado viernes mostraron al Gobierno su rechazo a las condiciones con las que el Gobierno pretende reabrir el concurso para el nuevo concierto. Denuncian que la infrafinanciación del anterior concierto les ha supuesto unas pérdidas acumuladas a lo largo de los tres años de 1.800 millones de euros (unos 600 millones anuales), a causa primero del aumento de la intensidad de la atención por el efecto de la pandemia y además por el aumento de los costes en la prestación de servicios como consecuencia de la espiral inflacionista. El concierto vigente fue suscrito en diciembre de 2021, justo antes del 'rally' alcista del IPC que cerró 2022 en el 8,5% y en el 3,5% de media del pasado ejercicio. Fuentes de las aseguradoras consultadas por ABC recalcan que esta desviación de los precios ha desvirtuado por completo el contenido del acuerdo, que no ha sido revisado en sus grandes cifras lo que ha sido la principal fuente de pérdidas para ellas. En su momento trataron de buscar una mejora de las condiciones establecidas, sin éxito, ya que el acuerdo establecía de forma taxativa que su asignación presupuestaria no podría corregirse. Esta situación ha condicionado de partida la negociación del nuevo concierto, ya que las aseguradoras han condicionado su aceptación a que se compense en alguna medidas las pérdidas que han tenido que asumir por los sobrecostes asociados a la prestación de estos servicios durante los últimos tres años, lo que les ha llevado a exigir un incremento de las primas por paciente de hasta el 40% . El Gobierno no ha atendido, al menos de momento, esa reivindicación y únicamente ha previsto una mejora del 17%. Todo este cóctel de circunstancias ha llevado la situación de Muface, Isfas y Mugeju, las mutualidades que gestionan la asistencia sanitaria de los funcionarios civiles del Estado, el personal del Ejército y los funcionarios de Justicia, a una situación límite. A menos de tres meses del vencimiento del concierto vigente, que prevé una prórroga de un mes contemplada presupuestariamente, el asunto está encallado y preocupa a los funcionarios. El presidente del sindicato CSIF, Miguel Borra , pidió ayer una reunión de urgencia con el ministro del área, Óscar López , para que el Gobierno garantice el mantenimiento de la asistencia que se presta a través de Muface y ha amenazado con movilizaciones si el ministro no se aviene a reunirse o si no se crean las condiciones necesarias para la renovación del concierto con las aseguradoras privadas. A todo ello se añade la incertidumbre respecto a la aprobación del proyecto de Presupuestos de 2025 , que además podría complicar la mejora de la asignación presupuestaria para los conciertos que aseguran el mutualismo administrativo del Estado. Fuentes del Gobierno expresaban ayer su convicción de que las aseguradoras aceptarán finalmente las condiciones planteadas y se renovará los conciertos sanitarios pendientes. El Gobierno se guarda un as en la manga. Según la documentación a la que ha tenido acceso ABC, la propuesta marco del Gobierno incluye por primera vez una cláusula que permitiría realizar una revisión al alza de la asignación inicial prevista en el concierto si se produce un incremento de la población protegida.
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