La demanda por resolver del Real Madrid, Athenea y Alba contra la Liga F

Athenea del Castillo, madridista y uno de los puntales del equipo blanco, forma parte de la convocatoria de la selección española que este martes empieza a jugar ante Islandia (19.00, Teledeporte) la fase de grupos de clasificación para el próximo Mundial de Brasil 2027. Su imagen, como la de otras muchas compañeras del combinado, es un potente tirón que ayuda a dar visibilidad al producto, en este caso, el fútbol femenino. La selección seguro que dará buenas audiencias; y seguro también que se registrará una gran entrada en el partido frente a Islandia que se disputa en Castellón. Pero no será suficiente para colocar a este deporte donde merece estar. La insistencia con la que en los últimos años se ha repetido errónea y machaconamente que el fútbol femenino vive un crecimiento imparable, se debe única y exclusivamente a los éxitos de la selección española. Y es evidente que el fútbol femenino se han dado pasos de gigante, especialmente a nivel mediático, pero aún queda mucho por hacer . La realidad es que, pese a la mejora en visibilidad y reconocimiento, la estabilidad económica sigue siendo frágil. Eso hace que la dependencia institucional sea elevada y los conflictos internos no dejen de aflorar. Entre otras cosas, en el fútbol profesional actual lo que se recauda por derechos de imagen, tanto para los clubes como para las propias futbolistas, no es un complemento anecdótico. Muy al contrario, es un puntal clave del entramado estructural del modelo económico. Patrocinios, licencias y productos derivados se construyen sobre ese activo. Si se utiliza sin un marco claro y pactado, no solo se pone en cuestión un derecho individual, sino que también se tambalea el equilibrio contractual que sostiene la profesionalización. Y si se gestiona mal, como todo en la vida, llegan los problemas, en forma muchas veces de demandas y denuncias. El Real Madrid, junto a las futbolistas Alba María Redondo Ferrer y Athenea del Castillo Beivide , presentó en abril dos demandas (una conjunta de los tres mencionados y una segunda solo del Real Madrid y Alba Redondo) contra la Liga F en los juzgados de Madrid y Albacete, según consta en los escritos ya registrados oficialmente en sede judicial. El motivo: presunta vulneración de su derecho fundamental a la propia imagen. Las acciones judiciales, interpuestas y ya admitidas a trámite, cuestionan la explotación comercial de productos vinculados a la competición, en los que aparecen las jugadoras sin su expreso consentimiento, algo que, sostienen, resulta imprescindible. No es un matiz técnico ni un desacuerdo menor. El Real Madrid comparte contractualmente con sus futbolistas los derechos de imagen de cada una de ellas, lo que implica que cualquier utilización comercial que se haga en este sentido, repercute inmediata y directamente en el club. Cuando dos jugadoras internacionales y uno de los clubes más potentes del mundo consideran que deben acudir a los tribunales para proteger su imagen, cuesta sostener que todo funciona como un modelo ejemplar. Sí, hay más visibilidad que hace una década, pero el salto cualitativo que se prometía no termina de consolidarse en estructuras verdaderamente independientes, transparentes y equilibradas. La profesionalización no puede limitarse a anuncios y campañas; debe reflejarse en la gestión rigurosa de derechos y en la existencia de contrapesos reales. Las demandas presentadas no solo persiguen una eventual compensación o la retirada de productos. En el fondo, plantean una pregunta de mayor calado: ¿quién controla la explotación comercial del fútbol femenino y bajo qué límites? Si las propias protagonistas sienten que sus derechos de imagen, en este caso, no están plenamente garantizados, es evidente que el sistema necesita una revisión profunda. Hay criterios que no se explican con suficiente nitidez. El fútbol femenino no necesita halagos triunfalistas; necesita credibilidad real . Y eso se construye con reglas claras, separación efectiva de poderes y rendición de cuentas. La acumulación injustificada de cargos, la opacidad en algunos procesos y los conflictos judiciales abiertos no ayudan a consolidar la confianza que necesita el fútbol femenino. Será la justicia quien determine si existió o no vulneración del derecho a la imagen en estos dos casos concretos. Pero más allá del fallo, el debate ya está planteado: ¿están los cimientos actuales preparados para sujetar y permitir gestionar con transparencia y equilibrio el presente del fútbol femenino o seguimos ante un modelo que proclama igualdad mientras mantiene inercias difíciles de justificar? Si realmente aspiramos a presumir (con razón) de un fútbol femenino fuerte y respetado en lo deportivo, la transparencia no puede ser algo menor. Ni opcional. Debe ser norma de obligado cumplimiento. La palabra igualdad suena muy bien en un discurso, pero si los hechos reales no caminan en paralelo a los avances teóricos, el relato termina perdiendo fuerza. Habrá sido un viaje a ninguna parte. La credibilidad, tan necesaria, está ahora en juego.
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